URUAPAN, MICH., 13 DE ENERO DE 2021.- Los diputados federales Ignacio Campos Equihua e Iván Pérez Negrón, exhortaron al gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, a que informe a la ciudadanía cuál fue el destino de los más de 137 millones de pesos que la Secretaría de Salud entregó al gobierno de Michoacán, para el programa de “Atención de Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social”.
Ignacio Campos señaló que mediante un Punto de Acuerdo, el cual ya fue aprobado en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, le piden al gobernador de Michoacán aclare el destino de estos recursos que fueron entregados por el gobierno federal a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado (SFA) en el 2019, los cuales no han sido comprobados, incumpliendo la normativa del programa federal.
“La Auditoría Superior de la Federación informó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió en su totalidad y en una sola exhibición, la totalidad de recursos para este programa de atención de salud a la SFA del estado, quienes no entregaron el recurso en los siguientes 5 días hábiles a su recepción al Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, en incumplimiento al programa federal”.
Por lo que Campos Equihua dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presupone un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 137.4 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación; “ya que la ASF no cuenta con información de que los recursos se aplicaron adecuadamente en el cumplimiento del objetivo del programa”.
De esta forma, el legislador uruapense destacó que se deduce que el gobierno de Michoacán incurrió en la inobservancia de la normativa en materia de transferencia de los recursos, así como del Convenio Específico de Colaboración en materia de recursos presupuestarios federales de subsidios para la operación del programa de Fortalecimiento de Atención Médica, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del estado de Michoacán.
“Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 137.4 millones de pesos, los cuales representan el 100 por ciento de los recursos asignados, lo que llevó a la promoción de la acción correspondiente; ya que se deduce que el gobierno de Michoacán no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.
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