La tragedia ambiental que está ocurriendo en Uruapan no tiene precedente. Desde hace un par de años, la devastación de las zonas boscosas provocó un cambio climático que se percibe entre la ciudadanía y que parece estar relacionado con la expansión de cultivos de aguacate.
Desde el año 2016, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicó un artículo donde se advertía que “Michoacán tiende a ser cada vez más caliente y más seco”. Asimismo, la revista mexicana de ciencias agrícolas, dedicó otro artículo a lo que describió como “un incremento de temperatura y temporales de lluvia erráticos”.
A esta información, se le suman un centenar de titulares periodísticos con encabezados alarmantes, algunos denuncian la reducción del 40% del caudal del río Cupatitzio y otros plasman la devastación boscosa de la región.
Las declaraciones prometiendo una solución no hacen falta, desde hacía varias administraciones, la protección ambiental apareció en el discurso de los políticos locales, sin embargo nunca se ha materializado. Las promesas siguen en el aire y las consecuencias ya se están percibiendo.
Es clara y evidente la inutilidad de las autoridades ambientales en todos los niveles. No obstante, no se puede adjudicar al estado (por lo menos totalmente) un trabajo que por su mera naturaleza, debe ser colectivista.
Es deber de todos nosotros repudiar, denunciar y evitar cualquier acto que atente contra el medio ambiente, pero sobre todo, debemos presionar el lento y ocioso actuar de unas autoridades que parecen voltear la cara cuando deberían velar por nuestra protección.
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