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La llegada del gobierno estatal encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, debe dar inicio a un periodo de conciliación sin precedentes al interior de la entidad. Sobre todo, porque luego de un convulso lapso de tiempo, donde los gobiernos federal y estatal se encontraban en franco desacuerdo, la gobernabilidad michoacana quedó menguada y en evidente deterioro en varias de sus regiones.
La fuerte fractura social que impera en nuestro estado, solo puede ser sanada a través de un trabajo conjunto en todos los niveles de gobierno, donde las voluntades impliquen soluciones a fondo y donde los discursos se transformen en acciones. Para lograr esto, hará falta todo el apoyo de la federación y una gestión estatal capaz de reconocer la pluralidad que enriquece a la geografía michoacana y que claro, también la hace tan difícil de gobernar.
No será una tarea fácil, sobre todo por qué el fantasma del crimen organizado sigue sacudiendo a nuestra entidad y porque la evidente crisis climática comienza a rugir cada vez más fuerte en nuestras tierras. Ambos, deberán ser ejes fundamentales si la nueva administración busca dar solución a los problemas que más han agravado al tejido social michoacano.
Por ahora, y tras la inyección de recursos extraordinarios hechos desde la federación, todo parece indicar que existirá una cohesión gobierno-estado capaz de dar solución a conflictos tan añejos con los concernientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno michoacano.
Solo queda esperar poder disfrutar la luz al final del túnel y desear la mejor de las suertes a la nueva administración michoacana que, hasta ahora, parece tener todo para dar el gobierno que tanto necesita la entidad.
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