Editorial: la opacidad del nuevo padrón de medios michoacano

Los medios de comunicación michoacanos se transforman para adaptarse al nuevo mundo a través de la profesionalización de su contenido. Y es que, desde principios de este año, entró en vigor un decreto del Gobierno de Michoacán donde se establecen ciertos requisitos para poder concretar la difusión de actividades publicitarias con la administración estatal.

Primero que nada, hay que aclarar que es imposible estar en desacuerdo con el objetivo de dicho decreto y varias de las cláusulas que se indican en él, sin embargo existen ciertas características que lo convierten en un arma de doble filo y en un instrumento que la autoridad en turno puede usar a discrecionalidad.

Entre estas características, encontramos una de las más polémicas en el apartado digital. Entre los requerimientos, la autoridad estatal solicita una verificación de “una empresa calificada por la Coordinación General de Comunicación Social (CGSC)”. Dicho punto no solo demuestra la falta de capacitación del personal en turno, sino que también propicia la opacidad de recursos al no establecer públicamente quiénes realizan la consulta de datos y qué plataformas utilizan para ello.

Los errores no solo se encuentran en rubro de la opacidad, a nivel estructural podemos encontrar un pésimo estudio de caso y una evaluación muy pobre de medios en zonas rurales. Para ejemplificar, según cifras del Sistema de Apoyo para la planeación (perteneciente a la extinta SEDESOL), solo el 30% del campo moreliano (el más digitalizado de Michoacán) cuenta con acceso a internet, así que el resto de la información llega a los pobladores a través de medios tradicionales.

Además, aunque no es una cifra exacta (porque claro, la autoridad no tiene un censo o una investigación al respecto), podemos decir que de 10 medios de comunicación en circulación en zonas rurales, ninguno está registrado como lo establece la Ley General de Comunicación Social federal.

Del 2015 a la fecha, la administración pública estatal ha realizado 9 talleres (todos en regiones urbanas o con gran densidad de población) para la capacitación de profesionales en el sector. Gran parte de estos talleres, se encuentran centrados a la producción de contenido y enfocados a públicos meramente urbanos; ninguno se acerca a la gestión, analítica digital, conformación legal o registro de derechos de autor, en una época en la que son temas fundamentales para un sector como el de los medios de comunicación emergentes.

Bajo esta perspectiva, “la mayor pinza jurídica” del sector, no es más que un decreto que vulnera el derecho a la información para las comunidades rurales y que termina de confirmar la falta de visión que se tiene con los sectores más desfavorecidos de Michoacán.

Es cierto, la profesionalización del periodismo es uno de los grandes retos de la industria regional y de la entidad, sin embargo la aplicación de este decreto solo logrará incrementar brecha la informativa en las localidades rurales o en el mejor de los casos, homologar la voz de la prensa a la de los grandes consorcios informativos.