Editorial: El desafío de la paz

Desde hace varios años, la seguridad y la violencia han sido un tema central en el estado de Michoacán. Sin embargo, pocas veces en la historia reciente de la entidad, el crimen del fuero común y el crimen organizado habían actuado con tal nivel de impunidad y agresividad contra el ciudadano común.

Esta situación parece haber rebasado las capacidades operativas de las autoridades en todos los niveles. No es un asunto menor: un escenario como este solo es posible cuando falta coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como entre los distintos poderes de la administración pública mexicana.

Si bien la violencia ha golpeado distintas regiones de Michoacán y del país en diferentes épocas, en los últimos días la crisis se ha agudizado en los municipios más importantes de la entidad. En ciudades como Morelia y Uruapan, la situación ha escalado a tal punto que un sector significativo de la población ha comenzado a manifestar su inconformidad publicamente. Este descontento no solo refleja la indignación de la ciudadanía, sino también la creciente desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar su seguridad en determinadas situaciones.

No es para menos. En ambas urbes, recientes actos delictivos han sacudido a los sectores empresariales, políticos y sociales, ocurriendo tan solo días u horas después de que las autoridades municipales anunciaran la adquisición de vehículos para reforzar la seguridad en sus respectivas ciudades. Este contraste ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas anunciadas y la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, pero también muchas dudas.

Estos trágicos incidentes ocurren (coincidentemente) en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos, país que, bajo el pretexto de enfrentar acciones terroristas atribuidas al crimen organizado, busca aumentar su influencia en territorio mexicano y mover las piezas de la geopolítica internacional a su favor frente a China. En este sentido, la falta de estabilidad en regiones estratégicas como Michoacán puede servir como argumento para justificar futuras intervenciones diplomáticas o económicas que afecten la soberanía nacional.

A esto se suma la incertidumbre que generan los recientes hechos de violencia en plena antesala del próximo del 2027. La inseguridad se ha convertido en un factor que podría incidir en la dinámica política de los municipios más afectados, pues el miedo y la percepción de riesgo alteran la vida cotidiana de los ciudadanos y pueden condicionar su participación en todos los aspectos democráticos y sociales.

En un momento donde cualquier tragedia puede ser utilizada con fines políticos por actores externos, es más necesario que nunca que los gobiernos en sus distintos niveles actúen con eficacia y coordinación, no solo para investigar y prevenir estos hechos, sino para garantizar la seguridad de la población.

Estos actos de violencia merecen el más firme rechazo de la sociedad y sus autoridades. Es urgente que los líderes políticos dejen de lado diferencias partidistas y comiencen a promover discursos de unidad y conciliación que fortalezcan el tejido social y refuercen la confianza en las instituciones. Solo a través de un esfuerzo común será posible devolver la paz a Michoacán y a todo el país.